Reglamento de Transparencia

REGLAMENTO UCA/CG09/2013, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, MODIFICADO POR ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JULIO DE 2015 PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y A LA LEY 1/2014 DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

TEXTO REFUNDIDO

Índice

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO I. NORMAS GENERALES

    TÍTULO II. PUBLICIDAD ACTIVA

      TÍTULO III. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

        TÍTULO IV. PROCEDIMIENTO

        EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

        La Universidad de Cádiz no ha sido nunca ajena a los principios de transparencia.

        Los artículos 3 y 42 de nuestros Estatutos son fiel reflejo de ello:

        “Artículo 3. Principios

        1. En la realización de sus actividades, la Universidad estará sometida a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y mejor servicio para la sociedad.

        Artículo 42.- Principios de organización y funcionamiento.

        …j) Objetividad y transparencia de la actuación académica y administrativa.

        …”

        De igual forma, nuestro Reglamento de Gobierno y Administración, en su artículo 3 (Principios de actuación), establece que “en las relaciones con los administrados y para el servicio efectivo a éstos, la Administración de la Universidad actúa con objetividad y transparencia”.

        Estas llamadas a la transparencia tienen, además, un reflejo práctico más allá del puro marco teórico y del voluntarismo.

        Son numerosos los datos que la comunidad universitaria tiene a su disposición, especialmente a través de nuestro portal web y del conjunto de bases de datos en el que se basa el gobierno y la gestión de la Universidad.

        De igual forma, la rendición de cuentas es una constante que se materializa, entre otros, en los informes internos y externos de auditoría sobre la ejecución y liquidación del presupuesto anual y en el informe que cada año presenta el Rector al Claustro.

        La Universidad de Cádiz ha sido, además, pionera entre las universidades españolas en la publicación de su Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, certificada externamente con la calificación B+, conforme a los criterios del Global Reporting Initiative.

        No existiendo, pues, dudas acerca de la firme trayectoria de nuestra Universidad en la materia que nos ocupa, pero atendiendo a las demandas actuales de la sociedad en general y de la comunidad universitaria en particular, la Universidad de Cádiz dio un paso más, aprobando por acuerdo de Consejo de Gobierno el Reglamento UCA/CG09/2013, de 25 de junio, por el que se regulan las normas de transparencia y el acceso a la información de la Universidad de Cádiz. Con dicha normativa la Universidad de Cádiz se dotó de normas concretas para la gestión de la transparencia, tanto en su aspecto de mantenimiento de una publicidad activa de los datos fundamentales, como en el de facilitar el acceso a la información o datos que puedan solicitar los interesados.

        Para ello, se creó el Portal de Transparencia de la Universidad de Cádiz, en el que irán apareciendo progresivamente hasta veintiséis ítems de datos que se mantendrán permanentemente actualizados. Muchos de ellos ya se encontraban en el portal web de la Universidad de Cádiz, pero de forma dispersa o en un acceso no inmediato, siendo ahora accesibles con solo entrar en el Portal de Transparencia que tendrá un lugar prioritario en el portal general.

        Se determinó, además, el procedimiento por el que los interesados pueden solicitar y obtener, en su caso, la información deseada, garantizando en todo momento la preservación de los datos especialmente sensibles de acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos.

        Finalmente, se creó una Comisión para el control y seguimiento de la implantación de esta normativa en la Universidad de Cádiz, con el objetivo de realizar análisis y propuestas que permitan seguir avanzando en un tema que, siendo tan demandado por la sociedad, ocupa ahora un primer plano en la agenda de todas las instituciones públicas y privadas y, en particular, como es nuestro caso, de las universidades que se financian con fondos públicos.

        Desde la adopción del Reglamento UCA/CG09/2013, de 25 de junio, se han promulgado tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013) como la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (BOJA nº 124, de 30 de junio).

        Asimismo, el II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, aprobado el 19 de diciembre de 2014, incluye en su Objetivo Estratégico número 11 “Mejorar la imagen y la difusión de la institución” la línea de acción 11.2 “Fortalecer la transparencia”.

        Procede, por tanto, la necesaria adaptación del Reglamento UCA/CG09/2013, de 25 de junio, por el que se regulan las normas de transparencia y el acceso a la información de la Universidad de Cádiz al nuevo marco legal en el seno de las líneas de actuación de que la Universidad de Cádiz se ha dotado a sí misma. Dicha adaptación se plasma en la propuesta de modificación que se presenta y que puede sintetizarse de la siguiente forma:

        Como se indica en la Ley 1/2014, en el acceso a la información pública es la ciudadanía la que toma la iniciativa, recabando de los poderes públicos información que obra en su poder. Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información por parte de los ciudadanos; se ha reordenado y completado la información que ha de hacerse pública, de conformidad con lo que se indica en el Título segundo de la Ley 1/2014. Como la propia Ley indica, es una “extensa relación que abarca elementos sumamente variados que entiende la Ley que son de interés para la ciudadanía”; se ha plasmado en la norma una posibilidad de que se estaba dando, pero que no recogía la redacción inicial, la de presentar la solicitud en un registro administrativo, adecuándolo a lo que establece el artículo 29 de la Ley 1/2014. En este sentido se ha suprimido asimismo la necesidad de motivar las razones que justifican la petición; se ha incluido un artículo sobre régimen de impugnaciones, reflejando el contenido del artículo 33.1 de la Ley 1/2014; se ha incluido un artículo en el que se recogen las obligaciones que tienen las personas que accedan a la información pública, en los mismos términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 1/2014; finalmente, se ha modificado la composición de la Comisión de Transparencia en el sentido de aludir a responsables de las funciones y no a cargos concretos.

        La entidad de las modificaciones introducidas en el Reglamento UCA/CG09/2013, de 25 de junio, por el que se regulan las normas de transparencia y el acceso a la información de la Universidad de Cádiz, y la necesidad de renumeración del articulado del mismo, hacen necesaria su integración en el presente Texto Refundido.

        TÍTULO I

        NORMAS GENERALES

        Artículo 1. El sistema integral de información.

        1. La Universidad de Cádiz promoverá la transparencia de la información pública mediante la implantación de un sistema integral de información.

        2. Este sistema integrará en su seno los diferentes canales para proporcionar la información pública, de forma que resulte garantizado el acceso de toda la ciudadanía.

        3. Este sistema garantizará, tanto el acceso de la ciudadanía a la información, al objeto de promover su posicionamiento informado y su participación, en su caso y colaboración responsable en los asuntos públicos universitarios, como el acceso a la gestión del conocimiento en el ámbito interno, al objeto de promover la eficiencia en la acción pública.

        4. Este sistema habrá de contar con un depósito o repositorio centralizado de los datos y documentos que se consideren necesarios para asegurar las obligaciones de información pública recogidas en esta normativa.

        Artículo 2. Unidades responsables de información pública.

        El Rector de la Universidad de Cádiz, , con objeto de hacer efectivo el derecho a la información pública, designará unidades responsables de la misma, que serán las encargadas, en coordinación con el sistema de información existente, de la tramitación, en tiempo y forma, de las obligaciones establecidas por esta normativa.

        Artículo 3. Límites.

        La Universidad de Cádiz cumplirá con su deber de información pública a la ciudadanía de conformidad con lo previsto en esta normativa, y en su ejercicio respetará las condiciones y los límites impuestos por la legislación de carácter general y/o específico que sea de aplicación.

        TÍTULO II

        PUBLICIDAD ACTIVA

        Artículo 4. Obligaciones de la Universidad de Cádiz.

        Con el fin de hacer efectivo el principio de transparencia en la actividad pública, se promoverán las siguientes actuaciones:

        1.- Proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz, objetiva y actualizada, la información pública cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad.

        2.- Adoptar las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información pública y su puesta a disposición de la ciudadanía de la manera más amplia y sistemática posible.

        3.- Organizar y actualizar la información pública con relevancia para sus funciones que obre en su poder, con vistas a su difusión activa y sistemática al exterior, particularmente por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación.

        4.- Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso a través de redes públicas basadas igualmente en las tecnologías de la información y comunicación.

        5.- Difundir información pública creando enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.

        6.- Mantener actualizado un catálogo de normas y resoluciones administrativas y judiciales sobre aspectos claves para la interpretación y aplicación de esta normativa, y hacerlo público y accesible para todos de la manera más amplia y sistemática posible.

        7.- Crear y mantener medios de consulta de la información solicitada.

        8.- Crear un inventario de información pública que obre en poder de la Universidad de Cádiz, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.

        Artículo 5. Información que ha de hacerse pública.

        La Universidad de Cádiz, en el ámbito de sus competencias, debe poner, con carácter general, a disposición de la ciudadanía, de forma accesible, clara, objetiva y actualizada, la siguiente información:

        1. Información institucional y organizativa.

        1.1. Líneas generales del Plan Estratégico, incluyendo la Misión de la organización.

        1.2. Estatutos.

        1.3. Composición de los principales órganos de gobierno: Consejo de Dirección, Consejo de Gobierno y Consejo Social, con identificación de las personas responsables de los mismos, su perfil y trayectoria profesional. En el caso de que algunas de ellas tuviera la consideración de Alto Cargo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, se harán constar las retribuciones anuales percibidas de cualquier naturaleza, las indemnizaciones previstas, en su caso, con motivo de cese en el cargo, así como la declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones.

        1.4. Agenda institucional de los órganos de gobierno.

        1.5. Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.

        1.6. Delegaciones de competencias.

        1.7. Planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Grado de cumplimiento de los mismos, junto con los indicadores de medida y evaluación.

        1.8. Información de relevancia jurídica.

        1.8.1. Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que suponga una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

        1.8.2. Los proyectos de reglamentos se harán públicos en el momento en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública.

        1.9. Información sobre procedimientos.

        1.9.1. Catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados, Se indicará específicamente aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.

        1.9.2. Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.

        1.10. Posición en los principales rankings internacionales.

        2. Información en materia de personal.

        2.1. Relaciones de puestos de trabajo.

        2.2. Tablas retributivas.

        2.3. Bolsas de trabajo.

        2.4. Procesos selectivos.

        2.5. Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.

        2.6. Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.

        2.7. Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.

        2.8. Breve perfil de cada miembro del PDI que contenga el nombre, categoría, dedicación, distinciones así como breve currículum vitae.

        2.9. Número de profesores extranjeros (contratado e invitado).

        2.10. Número de contratos predoctorales.

        3. Información en materia de oferta y demanda académica.

        3.1. Oferta de títulos reglados y propios.

        3.2. Número total de solicitudes de matrícula demandadas, en relación con el número total de plazas ofertadas.

        3.3. Porcentaje y evolución de la demanda de plazas con respecto al curso académico anterior.

        4. Información en materia de alumnado.

        4.1. Alumnado matriculado.

        4.1.1. Alumnado matriculado en estudios de Grado.

        4.1.2. Alumnado matriculado en estudios de Máster.

        4.1.3. Alumnado matriculado en estudios de Doctorado.

        4.2. Becas y ayudas.

        4.3. Movilidad estudiantil.

        4.4. Resultados académicos.

        4.4.1. Tasas de rendimiento, éxito y eficiencia.

        4.4.2. Tasas de graduación y abandono.

        4.5. Encuestas de satisfacción del alumnado.

        4.6. Canales de representación y comunicación.

        4.7. Distribución del alumnado matriculado por lugar de procedencia.

        4.7.1. Número y porcentaje de alumnado de otras Comunidades Autónomas.

        4.7.2. Número de alumnado extranjero matriculado en titulaciones oficiales.

        4.8. Índice de empleabilidad.

        5. Información en materia de investigación y transferencia.

        5.1. Grupos e institutos.

        5.1.1. Grupos de investigación, con indicación del investigador responsable y miembros.

        5.1.2. Institutos de investigación, con indicación de Director/a y miembros.

        5.2. Servicios centrales.

        5.3. Resultados de la labor investigadora: productividad y calidad de la investigación.

        5.4. Información y divulgación.

        5.4.1. Actividades de divulgación realizadas y previstas.

        5.4.2. Congresos organizados y previstos.

        5.5. Contratos OTRI, celebrados al amparo del artículo 83 de la LOU.

        5.6. Proyectos europeos.

        5.7. Propiedad industrial.

        5.7.1. Número de patentes y registro de la propiedad intelectual.

        5.7.2. Número de empresas de base tecnológica participadas.

        5.8. Planes propios de investigación y transferencia.

        5.8.1. Convocatorias.

        5.8.2. Ayudas adjudicadas.

        6. Información en materia de economía y presupuesto.

        6.1. Contratos, convenios y subvenciones.

        6.1.1. Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los cados de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.

        La publicación de la información relativa a los contratos menores se realizará preferentemente con periodicidad trimestral, siempre que las herramientas de tratamiento de dicha información así lo permitan. En todo caso, se seguirá como criterio de publicidad el que pare tales contratos esté vigente en cuanto a comunicaión de información a la Junta de Andalucía.

        Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.

        6.1.2. La relación de convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.

        6.1.3. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la resolución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias.

        6.2. Presupuestos y liquidación de cuentas anuales.

        6.2.1. Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y la información de las actuaciones de control.

        6.2.2. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellas se emitan.

        6.2.3. La información básica sobre la financiación de la Comunidad Autónoma con indicación de los diferentes instrumentos de financiación.

        6.2.4. El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

        Artículo 6. Portal de transparencia

        La Universidad de Cádiz dispondrá de un portal web de acceso directo, en el que se publicará y mantendrá periódicamente actualizada toda la información que se detalla en el artículo anterior.

        TÍTULO III

        DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

        Artículo 7. El derecho de acceso a la información pública.

        Cualquier ciudadano, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en esta normativa.

        Artículo 8. Limitaciones del derecho de acceso a la información pública.

        1. El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para:
        a) La seguridad pública.

        b) La confidencialidad o el secreto de los procedimientos tramitados, si tal confidencialidad o secreto está prevista en una norma con rango de ley.

        c) La prevención, investigación o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.

        d) La integridad de las causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial efectiva. Cuando la causa o asunto estén sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, deberá, en todo caso, identificarse el órgano judicial ante el que se tramita.

        e) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

        f) Los derechos constitucionales a la intimidad personal o familiar, a la seguridad personal, a la propia imagen, al honor, al secreto de las comunicaciones, a la libertad ideológica o religiosa, a la afiliación, a la presunción de inocencia, al secreto profesional y, en general, a los derechos fundamentales que reconoce y ampara la Constitución Española.

        g) La confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.

        h) Los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los supuestos en los que el titular haya consentido en su divulgación.

        i) La protección de los datos de carácter personal, siempre que la persona interesada a quien conciernan no haya consentido en su tratamiento o revelación. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

        j) Los intereses particulares legítimos.

        k) La protección del medio ambiente o del patrimonio histórico o cultural, de conformidad con lo previsto en sus leyes reguladoras.

        l) Toda aquella información protegida por normas con rango de ley.

        2. Las limitaciones deberán ser proporcionadas, atendiendo a su objeto y su finalidad de protección. En todo caso, deberán interpretarse de manera justificada, y se aplicarán a menos que un interés público superior justifique la divulgación de la información. Las limitaciones mencionadas buscarán su ponderación con el derecho a la libertad de información veraz de los medios de comunicación, protegiendo la identidad de los afectados.

        3. Las limitaciones a que se refiere el apartado 1 no podrán ser alegadas por la UCA para impedir el acceso de los miembros de la comunidad universitaria a los documentos e informaciones que le puedan afectar de un modo personal, particular y directo, y, en concreto, si dicha afección se refiere a sus derechos e intereses legítimos.

        4. Las limitaciones al derecho de acceso solo serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por la legislación de carácter general y específico o en tanto se mantenga la razón que las justifique.

        Artículo 9. Protección de datos personales.

        1. Para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contenga datos personales del propio solicitante, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

        2. Las solicitudes de acceso a información pública que contengan datos íntimos o que afecten a la vida privada de terceros se denegarán, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito del afectado que se acompañe a la solicitud, o una ley lo autorice. A estos efectos, se considerarán, en todo caso, íntimos los datos referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y sexualidad.

        3. Las solicitudes de acceso a una información que contenga datos personales de terceros que no tengan la consideración de íntimos ni afecten a la vida privada, se estimarán cuando se trate de información directamente vinculada con la organización, funcionamiento y actividad pública del órgano o entidad al que se solicite. No obstante, se denegará el acceso cuando se considere que concurren circunstancias especiales en el caso concreto que hacen prevalecer la protección de los datos personales sobre el interés público en la divulgación de la información.

        4. Prevalecerá la protección de los datos personales sobre el derecho de acceso a la información pública en los casos en que el órgano competente para resolver considere que hay un conflicto de derechos en el que debe preservarse el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

        Artículo 10. Acceso parcial.

        1. En el caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones indicadas en los artículos precedentes, siempre que sea posible se concederá el acceso parcial, omitiendo la información afectada por la limitación, salvo que de ello resulte una información distorsionada, equívoca o carente de sentido.

        2. En el caso de información que contenga datos personales de terceros, se concederá el acceso cuando se garantice de forma efectiva el carácter anónimo de la información, sin menoscabo del principio de transparencia que informa esta normativa.

        3. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.

        TÍTULO IV

        PROCEDIMIENTO

        Artículo 11. Solicitud de información pública.

        1. Las solicitudes de información pública, dirigidas a la Secretaría General, se presentarán, preferentemente,  en el Registro Telemático de la Universidad de Cádiz, en el formulario que a tal efecto se encontrará disponible en la Oficina Virtual y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente normativa. También podrán ser presentadas por escrito en el Registro General de la Universidad de Cádiz, en sus oficinas auxiliares de registro o en los registros a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

        2. En la solicitud se hará constar:

        a) La identidad del solicitante.

        b) La indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concreto.

        c) En su caso, la forma o formato preferido de acceso a la información solicitada.

        d) Una dirección de contacto válida a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la solicitud.

        Artículo 12. Solicitudes imprecisas.

        1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver, y pudiendo tenerlo por desistido en caso contrario. A tal efecto, se le prestará asistencia para concretar su petición de información lo antes posible.

        2. La declaración de tener al solicitante por desistido, y el archivo de la solicitud, se hará mediante resolución, que se le notificará a efectos de que pueda, en su caso, presentar una nueva solicitud concretando su petición o la información demandada.

        Artículo 13. Causas de inadmisión de las solicitudes.

        Se acordará motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes cuando:

        a) Se refieran a información excluida del derecho de acceso. En concreto, quedarán excluidas, entre otras posibles, las consultas jurídicas o las peticiones de informes o dictámenes.

        b) Se refieran a información que no obre en poder de la Universidad de Cádiz. En tal caso, si se conoce la entidad sujeta al ámbito de aplicación de normativa de transparencia homóloga a ésta, que posea la información, se deberá informar directamente al solicitante sobre la Administración a la que ha de dirigirse para solicitar dicha información, indicando la dirección a la que puede hacerse llegar la solicitud, a efectos informativos.

        c) Se consideren abusivas por su carácter manifiestamente irrazonable o repetitivo.

        d) Estén formuladas de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.

        e) Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo. Por datos inconclusos se entenderán aquéllos sobre los que la Universidad de Cádiz esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación. Si la denegación se basa en este motivo, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración.

        Artículo 14. Intervención de terceros.

        1. Cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos o intereses de terceros contemplados en los artículos 8 y 9 de esta normativa, el órgano encargado de resolver dará traslado de las mismas a los afectados por un plazo de quince días para formular alegaciones, siempre que pudieran ser determinantes del sentido de la resolución.

        2. El traslado de la solicitud al afectado producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo de quince días hábiles a contar desde su notificación. Si el tercero no responde en el plazo requerido se presumirá que no está conforme con que se otorgue el acceso a la información solicitada.

        3. El órgano competente, sobre la base de lo manifestado de forma expresa o presunta por los terceros y atendiendo a lo recogido en esta normativa, emitirá la resolución que estime procedente.

        Artículo 15. Plazos para resolver la solicitud y sentido del silencio.

        1. El órgano competente para resolver facilitará la información pública solicitada, o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, lo antes posible y, a más tardar, en los plazos recogidos en las normas con rango de ley específicas, y en defecto de previsión, en los que se indican a continuación:

        a) En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, con carácter general.

        b) En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en los casos con templados en el artículo 14 de este mismo Reglamento o cuando el volumen y la complejidad de la información sean tales que resulte imposible emitirla en el plazo antes indicado. En estos supuestos deberá informarse al solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo.

        2. En cuanto a la obligación de resolver y en los casos de silencio administrativo, se estará a lo dispuesto en los artículos 16 a 18 del presente Reglamento.

        Artículo 16. Resolución.

        1. La resolución se formalizará por escrito y se notificará al solicitante y, en su caso, al tercero afectado. Cuando sea estimatoria, total o parcialmente, de la solicitud, indicará la forma o formato de la información, y, cuando proceda, el plazo y las circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible.

        Cuando la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, el acceso solo se hará efectivo una vez transcurrido el plazo para recurrirla sin que se hubieran interpuesto por el tercero afectado los recursos, en su caso, procedentes, y en consecuencia, la misma hubiera adquirido firmeza. Esta condición suspensiva del ejercicio del derecho de acceso se hará constar expresamente en la resolución.

        2. Serán motivadas las resoluciones que nieguen total o parcialmente el acceso, las que lo concedan cuando haya habido intervención de un tercero afectado y las que prevean una forma o formato de acceso distinto al solicitado.

        Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información pueda incurrir en alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se hará constar dicha circunstancia.

        3. En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando ésta sea conocida o, alternativamente, al cedente del que se haya obtenido la información solicitada.

        4. La resolución indicará siempre los recursos administrativos que procedan contra ella, y en su caso, el recurso contencioso-administrativo procedente.

        5. Siempre que las características de la información solicitada lo permitan se acompañará conjuntamente a la notificación de la resolución.

        Artículo 17. Forma o formato de la información.

        1. El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:

        a) Que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible.

        b) Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.

        c) En los casos en que el acceso in situ pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, o cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, se podrá poner a disposición del solicitante la información en otra forma y formato.

        d) También podrá ponerse a disposición del solicitante otra forma o formato cuando sea más sencilla o económica para el erario público.

        2. A estos efectos la Universidad de Cádiz procurará conservar la información pública que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante las tecnologías de la información y de la comunicación. En todo caso, se respetarán las normas técnicas de interoperabilidad.

        3. Cuando el órgano competente resuelva no facilitar la información, parcial o totalmente, en la forma o formato solicitados, deberá comunicárselo al solicitante en la propia resolución en la que se reconozca el derecho de acceso, haciéndole saber la forma o formatos en que, en su caso, se podría facilitar la información solicitada.

        4. En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en formato abierto o, en su defecto, deberá ser legible con programas de ordenador que no requieran licencia comercial de uso, a no ser que el solicitante lo pidiera en formato distinto.

        Artículo 18. Régimen de impugnaciones.

        Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

        Artículo 19. Gratuidad del acceso.

        El acceso a la información será gratuito. No obstante, en el caso de información que implique la expedición de copias físicas y/o la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información o la utilización de soportes ópticos o magnéticos para su entrega al solicitante, se establecerá el pago de las tasas o precios públicos que apruebe, a tal efecto, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

        Artículo 20. Obligaciones.

        Las personas que accedan a información pública en aplicación a lo dispuesto en la presente ley estarán sometidas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

        a) Ejercer su derecho con respecto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.

        b) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la petición. A estos efectos, la Universidad de Cádiz colaborará con la persona solicitante en los términos previstos en el artículo 12.

        c) Respetar las obligaciones establecidas en la normativa básica para la reutilización de la información obtenida.

        d) Cumplir las condiciones y requisitos materiales para el acceso que se hayan señalado en la correspondiente resolución cuando el acceso se realice de forma presencial en un archivo o dependencia pública.

        Artículo 21. Comisión de control y seguimiento para la implantación de la transparencia y acceso a la información.

        1. Se crea en la Universidad de Cádiz la Comisión de control y seguimiento de transparencia y acceso a la información, que será presidida por el/a Secretario/a General. Formarán parte, además, de esta Comisión:

        • El/la Vicerrector/a con competencia en materia de Responsabilidad Social.
        • El/la responsable del Sistema de Información de la Universidad de Cádiz.
        • El/la Gerente.
        • Un/a representante del sector de profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad de Cádiz.
        • Un/a representante del sector de profesores no doctores con vinculación permanente a la Universidad de Cádiz.
        • Un/a representante del sector de personal docente e investigador sin vinculación permanente a la Universidad de Cádiz.
        • Un/a representante del sector de personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz.
        • Un/a representante de los alumnos de la Universidad de Cádiz.

        A las reuniones de la Comisión asistirá, en calidad de asesor, con voz pero sin voto, un técnico del Gabinete Jurídico de la Universidad de Cádiz.

        También podrá asistir un miembro del Consejo Social, designado por este, que participará con voz pero sin voto.

        Además, podrá asistir a las reuniones de la Comisión, con voz pero sin voto, un/a representante de cada una de las secciones sindicales que forman parte de la Universidad de Cádiz.

        2. Serán funciones de la Comisión:

        a) Asesorar al Rector en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

        b) Redactar un informe anual sobre la aplicación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad de Cádiz, que habrá de incluirse en la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa o documento equivalente.

        c) Proponer modificaciones de la presente normativa así como de los procedimientos de desarrollo de la misma.

        d) Proponer la ampliación de los ítems que se relacionan en el artículo 5 del presente Reglamento.

        3. La comisión se reunirá, como mínimo, dos veces al año.

        4. Los miembros de la Comisión regulada en el presente artículo serán elegidos entre todos los miembros de la comunidad universitaria pertenecientes a cada sector. Serán electores los miembros del Consejo de Gobierno pertenecientes al sector a elegir, esto es:

        • El sector de profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad de Cádiz elegirá al representante de profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad de Cádiz.
        • El sector de profesores no doctores con vinculación permanente elegirá al representante de profesores no doctores con vinculación permanente de la Universidad de Cádiz.
        • El sector de personal docente e investigador sin vinculación permanente a la Universidad de Cádiz elegirá al representante del personal docente e investigador sin vinculación permanente a la Universidad de Cádiz.
        • El sector de personal de administración y servicios elegirá al representante del personal de administración y servicios.
        • El sector de estudiantes elegirá al representante de los alumnos.

        El proceso electoral de los miembros de la Comisión será responsabilidad de la Junta Electoral General y seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento Electoral General.

        5. La Comisión deberá respetar en su composición el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

        Artículo 22. Formación.

        Por parte de los órganos responsables de la formación del personal de la Universidad de Cádiz se propondrán, dentro del Plan Anual de Formación, las actividades que se consideren oportunas para el mejor conocimiento de la presente normativa y su ulterior aplicación.

        Disposición adicional primera.

        Se autoriza a la Secretaría General de la Universidad de Cádiz, en el ámbito de sus competencias, para que dicte cuantas Instrucciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la presente normativa.

        Disposición final primera.

        En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía, todas las referencias que se encuentran en esta resolución, referidas a personas, colectivos o cargos académicos cuyo género sea masculino, están haciendo referencia al género gramatical neutro incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres.

        Disposición final segunda.

        La presente Texto Refundido entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUCA.